Inder interpone denuncia ante Ministerio Público por pago de indemnizaciones

 

 

Tras varios meses de investigaciones, las autoridades del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, en contra de cinco personas entre ellas abogados, ex jueces de la República y el ex director de asuntos jurídicos del Inder.

La denuncia presentada surgió a raíz de una serie de anomalías detectadas en varios expedientes judiciales, especialmente el que se tramitó en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo el número de expediente 04-000535-0163-CA, relacionado con el reclamo de indemnizaciones para supuestos poseedores de buena fe en territorios indígenas. En dicho expediente, se detectó la configuración de posibles delitos que atentan contra esta Administración Pública y el Estado Central.

La denuncia fue presentada contra los hermanos gemelos de apellidos Arauz Figueroa, uno de ellos abogado independiente y el otro funcionario de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y ex Jefe del Dpto. Legal de la misma Comisión. También figuran en la denuncia los exjueces de apellidos Briceño López y Porras Mejías, y, por último, el ex Director Jurídico del Instituto de Desarrollo Rural, de apellidos García Anchía.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Inder derivaron en una sospecha fundada contra los ex jueces Briceño López y Porras Mejías, ya que estas personas dictaron resoluciones y sentencias en contra del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), pero también figuran como abogados litigantes y apoderados especiales en procesos de igual naturaleza que se conocen en la actualidad en la Sede Contenciosa, configurando estas dobles actuaciones un posible delito de prevaricato y una violación al principio de independencia judicial, ya que parece haber un conflicto de intereses de por medio.

En el caso del ex juez Briceño López, se determinó que es representante legal junto al abogado de apellidos Araúz Figueroa, de una serie de personas que también buscan obtener la indemnización que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Indígena, se les debe pagar a los ocupantes de esos territorios antes del año 1977. Como se dijo antes, Arauz Figueroa es hermano gemelo del ex Jefe del Departamento Legal de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y actualmente funcionario público en esa misma institución.

Para el Inder, el hecho de que el abogado que interpone denuncias en contra del Inder y de la CONAI sea hermano gemelo del ex Director Jurídico de esa última entidad reviste "per se" una preocupación, pues se ha venido detectando la existencia de una serie de actos administrativos dictados por la CONAI en los cuales se da un claro favorecimiento hacia el abogado independiente.

Sobre el exfuncionario de apellidos García Anchía, este fue el Director Jurídico y Apoderado General Judicial del Instituto de Desarrollo Agrario y posterior Instituto de Desarrollo Rural (Inder), hasta el año 2014 y era quien llevaba el proceso judicial precitado, mismo por el que se debió pagar más de ¢7 mil millones de colones con fondos del Gobierno Central y del mismo Inder. Estos son fondos que aportan todos los y las costarricenses.

El Lic. García Anchía nunca contestó la demanda y por tal razón, se nos declaró rebeldes y se tuvieron por ciertos todos los hechos que a la postre utilizó el Lic. Briceño para declarar con lugar ese proceso, en contra del IDA y la CONAI, mediante la Sentencia No. 851-2011 del 2011. 

Con lo expuesto, se aprecian una serie de omisiones por parte de quien debió haber ejercido la defensa técnica de los intereses institucionales y queda clara la falta al deber de probidad y la negligencia en el ejercicio de las funciones del ex Director de Asuntos Jurídicos del hoy Inder.

Para el Inder, se podría estar ante los delitos como: Tráfico de influencias, Patrocinio infiel, Prevaricato, Asociación Ilícita, Enriquecimiento ilícito, y corrupción de jueces. Sin embargo, esa labor de calificación final le corresponderá al Ministerio Público una vez que estudie la denuncia presentada, por lo que el destino que corra la misma ahora dependerá de la investigación y análisis que se haga por parte de esa instancia judicial.