Inder interpone denuncia ante Ministerio Público por pago de
indemnizaciones
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Fecha publicación,
16 de diciembre del 2016
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Tras varios meses de investigaciones, las autoridades del
Instituto de Desarrollo Rural (Inder) presentaron una denuncia formal ante la
Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio
Público, en contra de cinco personas entre ellas abogados, ex jueces de la
República y el ex director de asuntos jurídicos del Inder.
La denuncia presentada surgió a raíz de una serie de
anomalías detectadas en varios expedientes judiciales, especialmente el que se
tramitó en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo el
número de expediente 04-000535-0163-CA, relacionado con el reclamo de
indemnizaciones para supuestos poseedores de buena fe en territorios indígenas.
En dicho expediente, se detectó la configuración de posibles delitos que
atentan contra esta Administración Pública y el Estado Central.
La denuncia fue presentada contra los hermanos gemelos de
apellidos Arauz Figueroa, uno de ellos abogado independiente y el otro
funcionario de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y ex Jefe del
Dpto. Legal de la misma Comisión. También figuran en la denuncia los exjueces
de apellidos Briceño López y Porras Mejías, y, por último, el ex Director
Jurídico del Instituto de Desarrollo Rural, de apellidos García Anchía.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Dirección de
Asuntos Jurídicos del Inder derivaron en una sospecha fundada contra los ex
jueces Briceño López y Porras Mejías, ya que estas personas dictaron
resoluciones y sentencias en contra del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y
la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), pero también figuran como
abogados litigantes y apoderados especiales en procesos de igual naturaleza que
se conocen en la actualidad en la Sede Contenciosa, configurando estas dobles
actuaciones un posible delito de prevaricato y una violación al principio de
independencia judicial, ya que parece haber un conflicto de intereses de por
medio.
En el caso del ex juez Briceño López, se determinó que es
representante legal junto al abogado de apellidos Araúz
Figueroa, de una serie de personas que también buscan obtener la indemnización
que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Indígena, se les debe pagar a los
ocupantes de esos territorios antes del año 1977. Como se dijo antes, Arauz
Figueroa es hermano gemelo del ex Jefe del Departamento Legal de la Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y actualmente funcionario público en esa
misma institución.
Para el Inder, el hecho de que el abogado que interpone
denuncias en contra del Inder y de la CONAI sea hermano gemelo del ex Director
Jurídico de esa última entidad reviste "per se" una preocupación, pues se ha
venido detectando la existencia de una serie de actos administrativos dictados
por la CONAI en los cuales se da un claro favorecimiento hacia el abogado
independiente.
Sobre el exfuncionario de apellidos García Anchía, este fue el Director Jurídico y Apoderado General
Judicial del Instituto de Desarrollo Agrario y posterior Instituto de
Desarrollo Rural (Inder), hasta el año 2014 y era quien llevaba el proceso
judicial precitado, mismo por el que se debió pagar más de ¢7 mil millones de
colones con fondos del Gobierno Central y del mismo Inder. Estos son fondos que
aportan todos los y las costarricenses.
El Lic. García Anchía nunca
contestó la demanda y por tal razón, se nos declaró rebeldes y se tuvieron por
ciertos todos los hechos que a la postre utilizó el Lic. Briceño para declarar
con lugar ese proceso, en contra del IDA y la CONAI, mediante la Sentencia No.
851-2011 del 2011.
Con lo expuesto, se aprecian una serie de omisiones por
parte de quien debió haber ejercido la defensa técnica de los intereses
institucionales y queda clara la falta al deber de probidad y la negligencia en
el ejercicio de las funciones del ex Director de Asuntos Jurídicos del hoy
Inder.
Para el Inder, se podría estar ante los delitos como:
Tráfico de influencias, Patrocinio infiel, Prevaricato, Asociación Ilícita,
Enriquecimiento ilícito, y corrupción de jueces. Sin embargo, esa labor de
calificación final le corresponderá al Ministerio Público una vez que estudie
la denuncia presentada, por lo que el destino que corra la misma ahora
dependerá de la investigación y análisis que se haga por parte de esa instancia
judicial.