El pasado 27 de
junio, en medio de una feroz pandemia mundial, partió hacia Canadá el primer
contenedor de papaya producida en Parrita, Puntarenas, por una cooperativa de
familias productoras. Lo anterior fue posible gracias a la construcción de una
planta para empaque con una inversión conjunta, donde el Instituto de
Desarrollo Rural (Inder), aportó un monto superior a los ₡600 millones.
En las primeras
semanas de julio, las familias de la comunidad fronteriza de Argendora en La Cruz de Guanacaste, por primera vez
tuvieron acceso a luz eléctrica. El Inder articuló dicha obra, con una
inversión cercana a los ₡39 millones.
Durante los
últimos tres años, y gracias al aporte solidario de quienes pagan sus tributos,
el Inder ha trasladado más de ₡58 mil millones en programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de
los habitantes de la Costa Rica rural. De estos, más de ₡30 mil millones se han destinado a inversión pública (caminos, puentes, acueductos, sistemas de riego, electricidad,
plantas de procesamiento, laboratorios y generación de valor agregado) que
incide directamente en acelerar las condiciones que generan oportunidades ahí,
donde se necesitan.
Cientos de
familias y organizaciones productoras, pequeñas y medianas han contado con el
respaldo del Inder para dar inicio o consolidar sus actividades económicas
agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas y de servicios. La adquisición de
tierras para el autoabastecimiento, la seguridad alimentaria y la producción
local de grupos campesinos y familias productoras, han sido fuente de paz
social. En su conjunto, en todas estas actividades se han invertido más de ₡22 mil millones en los últimos tres años.
Los habitantes de
los territorios rurales han jugado un papel protagónico en el desarrollo social
y económico de la Costa Rica que conocemos. No obstante, a pesar de que la
historia así lo reconoce, lo avanzado hasta hoy no será suficiente para evitar
que se antepongan intereses particulares y sectoriales, en procura de dinamitar
uno de los más preciados valores de nuestra República democrática: el pacto
social con los más vulnerables.
En las últimas
semanas, ha sido de conocimiento público el impulso de iniciativas de ley que
procuran silenciar este legado. Bajo los números 21.792 y 22.090, se propone,
una vez más, cerrar una institución cuyo impacto para los territorios rurales
costarricenses es altamente reconocido y palpable. Sin embargo, es necesario
indicar que, en estas y otras iniciativas de similar índole, se evidencia un
propósito contradictorio y alejado de este pacto social, pues bajo la consigna
de reorganizar y reorientar la inversión pública social que haga más eficiente
al Estado, se muestra el absoluto desinterés en el impacto negativo que
profundizará la desigualdad en las familias rurales.
Conscientes y
autocríticos de las oportunidades de mejora del Inder, se han analizado dichas
propuestas, lo que permite concluir que dilapidan las conquistas de sectores
campesinos y de familias rurales en su búsqueda de una sociedad más justa y
equitativa.
Valga decir que
se han remitido a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica, los criterios institucionales
referentes a la valoración del proyecto de ley 21.792, en los que se manifiesta
de forma clara y profusa nuestro absoluto rechazo a esta iniciativa.
Retroceder, no es
una opción. Los territorios rurales requieren de una inversión pública
articulada y diferenciadora, que incorpore desde la dotación de un terreno para
una actividad productiva de autoabastecimiento familiar,
hasta la construcción de infraestructura pública de primer nivel, en el marco
de una nueva gobernanza que incluya la participación efectiva de los actores
del territorio.
Merecen
condiciones para potenciar y fomentar el arraigo, donde el acceso a la tierra
sea vista como un medio para el desarrollo y no como un fin en sí mismo.
Requieren mejorar sus entornos, para competir en igualdad de oportunidades.
Demandan de una intervención integral donde la economía rural toma forma de
joven, mujer, campesino o indígena, y no de tarjeta de crédito, garantía de
préstamo o análisis de riesgo que condiciona su futuro a partir del tener, para
poder ser. Todo ello, es la labor sustantiva que realiza e impulsa el Inder.
En medio de una
pandemia de afectación mundial, que pone a prueba nuestra voluntad y esperanza,
y ante los constantes esfuerzos por aprovechar momentos de incertidumbre para
dilapidar estos y otros triunfos de la Costa Rica Rural, es preciso hoy más que
nunca cuidar nuestro legado y proteger nuestra misión. Que no se nos olvide:
somos y estamos para proteger a todas las familias, en especial las afectadas
por la pandemia de la desigualdad y la pobreza en los territorios rurales.
¡Costa Rica se
levantará, desde los territorios rurales!