CONFORMADOS 310 EXPEDIENTES DE
FINCAS QUE SERÍAN DEVUELTAS A COMUNIDADES INDÍGENAS
20 de abril de 2022
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Trabajo del Inder se enmarca en la ejecución del
Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas (RTI).
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Como parte de este plan, se midieron 1.638
propiedades y se colocaron 208 mojones, al tiempo que se realizaron 7.777
censos y analizaron 4.983 documentos.
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Por primera vez, una administración destinó fondos
para devolución de tierras: ₡3.200 millones para el 2022.
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Primeras tres fincas están a la espera de una
resolución de la Contraloría General de la República para ejecutar la
devolución.
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RTI es la respuesta institucional a una deuda
histórica con los pueblos indígenas.
El Plan Nacional de Recuperación de
Tierras Indígenas (Plan RTI) fue fortalecido con presupuesto, trabajo de campo,
coordinación institucional y procesos de diálogo en la Administración Alvarado
Quesada para convertirse en la respuesta institucional a una problemática
social, cultural y económica que supera los 40 años.
Tras la promulgación de la Ley Indígena
en 1977, la normativa dictó la obligación del Estado de devolver a las
comunidades todas las propiedades en posesión de personas no indígenas dentro
de los territorios. Sin embargo, esta instrucción fue obviada por décadas, lo
cual generó altas tensiones y violencia entre los habitantes de los
territorios, con serias consecuencias culturales y económicas. No fue sino en
el 2016, cuando nació desde el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) el Plan
RTI para atender estas problemáticas.
Desde el inicio de su gestión, la
Administración Alvarado Quesada priorizó este programa dentro de sus políticas
de derechos humanos y, aparte de la rectoría del Inder, designó al
Viceministerio de la Presidencia en Diálogo Ciudadano para dar seguimiento y
cumplimiento a ésta y otras deudas históricas con los pueblos indígenas.
Además, se destinó un presupuesto de ₡3.200 millones para iniciar la devolución de los
terrenos.
Cuatro años después, el Plan RTI ha
alcanzado a los 8 pueblos y los 24 territorios indígenas, con un intenso
trabajo de campo que ha implicado enfrentar barreras geográficas y cubrir
grandes extensiones de campo. Para darse una idea, solo el territorio de Alto
Chirripó -una zona montañosa entre Turrialba y Matina- tiene una superficie
superior a las 78 mil hectáreas.
Este trabajo ha dado importantes frutos, los cuales en grandes números
se resumen en 4.983 documentos analizados, 208 mojones
construidos y colocados, 7.777 censos realizados, 1.638 propiedades
medidas y 310 expedientes conformados (cada uno de los cuales es
un estudio por finca de todos aquellos ocupantes identificados como no
indígenas).
Para cada expediente se realiza un procedimiento administrativo, atendido
por un órgano director que es el encargado de dictar la resolución final, ya
sea de indemnización o desalojo. Para los casos donde corresponda la
indemnización, ésta se realiza amparada en el convenio de coordinación entre el
Inder, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y el Ministerio de
Hacienda.
Es
decir, por primera vez, desde la promulgación de la Ley Indígena en 1977, el
Gobierno cuenta con una lectura clara y registral de 310 propiedades
identificadas, que deben pasar a mano de las comunidades indígenas. De hecho, 3
fincas en los territorios de Cabagra y Maleku han cumplido con todo el proceso,
y actualmente solo se encuentran a la espera de una resolución de la
Contraloría General de la República (CGR) para proceder con las devoluciones,
tras una consulta elevada por la CONAI, que tiene paralizado el proceso.
"El
Plan RTI es un trabajo institucional sin precedentes, de ir finca por finca,
censar a las personas, revisar documentos registrales, comparar con las leyes y
abarcar centenares de kilómetros en Buenos Aires, Talamanca, Guatuso y muchas
otras partes del país. El proceso que hemos realizado permitirá que más de 300
fincas vuelvan a quienes siempre han sido sus verdaderos propietarios: las
comunidades indígenas. Con esto esperamos fortalecer los procesos culturales,
indentitarios, económicos y de convivencia y seguridad en los 24 territorios
indígenas", comentó el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola.
Por
su parte, el presidente ejecutivo del Inder, Luis Diego Aguilar, afirmó que,
"este plan nació en el Inder como respuesta a esa deuda histórica que tiene el
país con los pueblos indígenas. Desde entonces, un total de 17 profesionales
entre topógrafos y abogados se han dedicado a la titánica tarea de medir por
primera vez y con las nuevas tecnologías, los 24 territorios indígenas de todo
el país, un hito histórico que ya está dando resultados contundentes y
medibles, pero que debe continuarse, para brindar esa seguridad jurídica que
requieren los pueblos originarios".
El
Plan de Recuperación de Territorios Indígenas se mantiene vigente y continúa
realizando trabajo de campo y administrativo en una buena parte de los
territorios, por lo que el número de expedientes y de fincas podría seguir
creciendo, para cumplir con la devolución de territorios a las comunidades.
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