- Trabajo del Inder se enmarca en la ejecución del Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas (RTI).
- Como parte de este plan, se midieron 1.638 propiedades y se colocaron 208 mojones, al tiempo que se realizaron 7.777 censos y analizaron 4.983 documentos.
- Por primera vez, una administración destinó fondos para devolución de tierras: ₡3.200 millones para el 2022.
- Primeras tres fincas están a la espera de una resolución de la Contraloría General de la República para ejecutar la devolución.
- RTI es la respuesta institucional a una deuda histórica con los pueblos indígenas.
El gobierno fortaleció el Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI) con presupuesto, trabajo de campo, coordinación institucional y procesos de diálogo. Esto lo hizo la Administración Alvarado Quesada para abordar una problemática social, cultural y económica que supera los 40 años.
La Ley Indígena, promulgada en 1977, dictaba la obligación del Estado de devolver a las comunidades las propiedades en posesión de personas no indígenas dentro de los territorios. Sin embargo, esta instrucción fue ignorada por décadas, lo que generó tensiones y violencia entre los habitantes. Esto tuvo consecuencias culturales y económicas. Fue hasta 2016 cuando nació el Plan RTI desde el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para atender estas problemáticas.
Desde el inicio de su gestión, la Administración Alvarado Quesada priorizó este programa como parte de sus políticas de derechos humanos. Aparte de la rectoría del Inder, designó al Viceministerio de la Presidencia en Diálogo Ciudadano para dar seguimiento. También se destinó un presupuesto de ₡3.200 millones para iniciar la devolución de terrenos.
El Plan RTI ha alcanzado a los 8 pueblos y los 24 territorios indígenas, con un intenso trabajo de campo. Esto ha implicado superar barreras geográficas y cubrir grandes extensiones. Por ejemplo, el territorio de Alto Chirripó tiene más de 78 mil hectáreas.
Este trabajo ha dado importantes frutos, resumidos en números. Se analizaron 4.983 documentos, se construyeron y colocaron 208 mojones, se realizaron 7.777 censos, se midieron 1.638 propiedades y se conformaron 310 expedientes.
Cada expediente es un estudio por finca de ocupantes identificados como no indígenas. Este procedimiento administrativo es atendido por un órgano director encargado de dictar la resolución final, ya sea de indemnización o desalojo. Para los casos de indemnización, se ampara en un convenio de coordinación entre el Inder, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y el Ministerio de Hacienda.
Por primera vez, el Gobierno tiene una lectura clara y registral de 310 propiedades identificadas que deben pasar a las comunidades indígenas. Tres fincas en Cabagra y Maleku ya cumplieron todo el proceso y esperan la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) para proceder con las devoluciones. Esto se encuentra paralizado por una consulta elevada por la CONAI.
El viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, destacó el trabajo del Plan RTI. Este trabajo institucional, de ir finca por finca, censar personas y revisar documentos, es sin precedentes. Permitirá que más de 300 fincas vuelvan a las comunidades indígenas, fortaleciendo sus procesos culturales, identitarios, económicos y de convivencia.
El presidente ejecutivo del Inder, Luis Diego Aguilar, resaltó que el Plan RTI nació como respuesta a una deuda histórica con los pueblos indígenas. Desde entonces, un total de 17 profesionales entre topógrafos y abogados se han dedicado a medir los 24 territorios indígenas. Este es un hito histórico que ya está dando resultados, pero debe continuar para brindar seguridad jurídica a los pueblos originarios.
El Plan de Recuperación de Territorios Indígenas sigue vigente y continúa con trabajo de campo y administrativo en muchos territorios. Esto podría aumentar el número de expedientes y fincas, cumpliendo con la devolución de territorios a las comunidades indígenas.
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